No ha sido un Primero de Mayo más.

El de 2010 no ha sido un Primero de Mayo más. Ha sido el Primero de Mayo donde hemos pedido corresponsabilidad. En un Estado complejo y descentralizado como el nuestro, es lo que se debe pedir a las Comunidades Autónomas: corresponsabilizarse, implicarse con el Gobierno de España en la salida de la crisis.

Con el esfuerzo del Gobierno de España, que representa sólo 3 de cada 10 euros de gasto público en España, no vamos a salir sin más. Se necesita que las Administraciones con competencias en políticas activas de empleo, las Comunidades Autónomas, se impliquen también.

Os dejo algunos datos para la reflexión.

Reducción de las políticas activas de empleo (datos presupuestos 2010):

• La Rioja desciende un 9,47%.
• Comunidad Valenciana desciende un 4,5%
• Madrid: las políticas de formación y empleo caerán un 7% hasta los 516 millones de euros. El Servicio de Empleo Regional perderá un 4% de su Presupuesto.
• Galicia: Formación profesional para desempleados, 6 millones de euros menos. Mejora de la cualificación en el empleo, 2 millones de euros menos. Mejora de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, 1,2 millones de euros menos.
• Murcia: Empleo cae 4,5 millones (un 7,45% respecto de 2009). Formación pierde 5,6 millones (un 10,79%)

Y estos otros datos: El incremento del desempleo en Murcia en 2008-2009 ha sido 9 puntos superior a la media nacional. En Valencia, 8 puntos y en Madrid, 5,4 puntos.

Foto: PSOE.

Entrevista con Sergio Gutiérrez en PSOE TV.

Aquí os la dejo, por si no la habíais visto.

Escuela Tomás Meabe de JSE.

En el fin de semana del 2 al 4 de octubre estuve en Castellón, en la Escuela Tomás Meabe de JSE.

Pudimos hablar de economía, de empleo, de los cambios en el modelo productivo, de la salida de la crisis y de su origen, tanto con Antonio Bustos, catedrático de Economía de la UCM, como con Antonio Miguel Carmona, Secretario de Economía del PSM.

También pudimos hablar de energía y de la especialización que puede vivir España en las renovables con Fernando Moraleda, diputado en el Congreso, y de urbanismo sostenible con Josep Arán, del Ayuntamiento de Sabadell.

En la apertura y en la moderación de las mesas, compañeros de la CEF de JSE, Noemí Villagrasa, Sheila González, Ruth Sanz, Consuelo Antuña... el trabajo de los compañeros de la sede federal, y la ayuda y colaboración de todos en un muy buen clima en el que siempre se desarrolla nuestra escuela anual.

En la clausura intervine junto con Jorge Alarte, Secretario General del PSPV, y Fernando Díaz, Secretario General de JSPV. Y se nota que somos los únicos capaces de mirar a los ojos de los valencianos.

A otros, nunca les compréis un coche para usarlo de segunda mano...

Si les dejas...

Inicio de la semana con diversas actividades.

El lunes 6 se reunión en la sede de JSE la Mesa de Directores Generales de Juventud, en el marco de la Oficina Institucional Joven.


El martes 7, Aurora Bonnín y yo estuvimos en la Escuela Jaime Vera en unas jornadas de dirección política para miembros de Al-Fatah. Hablamos de ellos de la relación con el tejido asociativo juvenil. También estuvo con nosotros Mariví Monteserín, diputada por Asturias.


Por la tarde del mismo día 7, estuve con los compañeros de JSE y JSM (y entre ellos, los de mi Agrupación) en la concentración de la plaza Mayor de Madrid por la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se nos pasó por agua.

Hoy, Jornada por el Trabajo Decente.

Hoy, 7 de octubre, celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

En Madrid, la concentración será a las 18.30 en la plaza Mayor.

La movilización contra el proyecto de directiva que pretende ampliar la semana laboral a 65 horas marca este día, y en JSE nos hemos querido sumar a la protesta contra esa medida incomprensible.

Así que hemos sacado una web.

También hemos sacado una imagen principal de campaña.



Y un pequeño vídeo.



Todo ello después de que hayamos presentado la moción y la PNL contra las 65 horas en multitud de sitios, donde se ha aprobado por unanimidad: Parlamento Andaluz, Parlamento Vasco, Ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Santander, entre otros muchos... Una iniciativa de JSE, impulsada por el PSOE a nivel federal.

65 horas.

Desde la Oficina Institucional de JSE hemos elaborado una moción y una PNL para rechazar en los ayuntamientos y en los parlamentos autonómicos la directiva que pretende ampliar la semana laboral a 65 horas.

La Ejecutiva del PSOE ha agradecido y ampliado nuestra iniciativa, que se ha recogido en los medios.

Se ha aprobado ya en el Parlamento Vasco como Declaración Institucional, en el Ayuntamiento de Madrid y esperamos que se debata y apruebe en otros muchos sitios más.

Contra las 65 horas de semana laboral.

Os invito a todos a entrar a la web que se ha abierto (a instancias de Netoratón) para mostrar nuestro rechazo al proyecto de directiva que implanta una semana laboral de 65 horas que se ha de negociar entre cada trabajador y su empresario, de modo individual.

Dicha directiva ataca derechos constitucionales como la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo, machaca las posibilidades de conciliar la vida familiar y laboral, incentivará el desempleo con reducciones de plantilla y se lamina derechos laborales que se reconocieron en la OIT en 1917.

Yo estoy en contra de la directiva y hay que empezar a moverse YA.

Un puente lleno de actividad.

Así que el miércoles 30 en JSCL salimos al cine, a ver "Todos estamos invitados", de Manuel Gutiérrez Aragón. La verdad es que me esperaba más: se supone que la película pretende transmitir el miedo de la amenaza constante de ETA, pero una serie de fallos garrafales en la ambientación y en el guión te aleja del propósito. No obstante, nos lo pasamos bien.

El jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, estuvimos en la mani.


Yo representé a la Ejecutiva Federal de JSE y discurrimos festivamente en una mañana muy soleada desde Cibeles hasta Sol (por fin pudimos volver a entrar en Sol).


Cantamos La Internacional, gritamos, corrimos, reivindicamos, declaraciones a la radio, toma de imágenes...



Me quedo con la alegría de Luis Gómez Llorente al ver a sus Juventudes Socialistas cantando La Internacional al principio de la marcha.

El día 2, me acerqué con Carlos Martín a la Dehesa Boyal, en San Sebastián de los Reyes, al concurso de calderetas en el que participaron los compañeros y compañeras del PSOE y JSE de allí. Gracias a Andrés, Bárbara y compañía por el recibimiento, la comida y la agradable tarde campestre que pasamos.

Madrid o cómo desmantelar lo público.

"Comprenderás entonces que yo velo por la salvación de lo público mucho más activamente que tú por su ruina."
Cicerón, Catilinarias, I, IV.

¿Es constitucional la gestión privada de determinados servicios públicos? ¿Es constitucional si dichos servicios públicos de gestión privada compiten con servicios iguales de titularidad privada? ¿Hasta qué punto no queda comprometido el interés general? ¿No estará éste acaso en peligro si los servicios públicos se guían por criterios de cuenta de resultados antes que de prestación de servicios de garantía de derechos constitucionales? ¿Y si para que no se vean comprometidos dichos derechos se usan fórmulas de gestión más perniciosas para el interés general?

La lista de preguntas sobre la materia puede extenderse tanto como se extienden últimamente las medidas del gobierno regional de la Comunidad de Madrid tendentes a adelgazar lo público hasta límites difícilmente reconocibles.

Ancianos empapados en su propia orina o escuelas construidas con dinero público que serán gestionadas por empresas privadas son sólo la punta de un iceberg.

Y a estas preguntas puedo añadir otras: ¿hasta qué punto puede un gobierno regional ser elemento catalizador de toda clase de insidias hacia el gobierno de España a través de medios de comunicación de titularidad pública? ¿hasta qué punto puede hacer uso de los servicios públicos para atacar al gobierno de España? ¿hasta qué punto puede gestionar los fondos públicos que le son transferidos del modo más pernicioso para el gobierno de España, olvidando su gasto en función del interés general? ¿hasta qué punto puede sugerir el incumplimiento de una Ley aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados alegando no se sabe bien qué motivos ideológicos en lugar de acudir a la jurisdicción constitucional o alegando una sentencia no firme de dudosa motivación legal?

La supresión íntegra de tributos cedidos para su mera gestión, la finalización por las autoridades europeas de sociedades de imputación de gasto que detraían cantidades para que no computasen como gasto público (léase Mintra) a fin de mantener el equilibrio presupuestario, la dedicación a otros temas de transferencias del gobierno de España hechas específicamente para sanidad son ejemplos financieros de actividades que no entrarán jamás en manuales de "buena administración".

El incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a reponer en sus puestos a médicos que han sido acusados injustamente de asesinato representan un ejemplo de que no es una mera cuestión de despecho hacia instituciones ejecutivas y que no se trata ni mucho menos de una diferencia ideológica con el partido adversario, sino de una concepción ideológica que subvierte el liberalismo hacia el neoliberalismo, permitiendo supuestamente todo comportamiento humano e institucional en busca del fin deseado sin entrar a valorar la subversión del orden constitucional y de la división de poderes.

La manipulación de vídeos de la propia cadena de televisión con tal de poner en duda la gestión del gobierno de España sobre materias que no son competencia de las Comunidades Autónomas, las dudas vertidas sobre datos elaborados por el gobierno de España en ejercicio de sus legítimas competencias o el empleo de datos propios paralelos que contradigan los que publique el gobierno de España en uso de su competencias, han supuesto una intromisión sin precedentes de un gobierno regional en asuntos estatales, más allá de lo que suponen en términos de deslealtad institucional y en términos éticos de veracidad informativa. Estos hechos, por lo que suponen de injerencia activa, deben sumarse a las injerencias pasivas que suponen la falta de gestión regional del Sistema Nacional de Dependencia (añádase la descalificación del mismo por el gobierno regional y sus medios de comunicación) o la falta de gestión de las ayudas estatales al alquiler destinadas a jóvenes.

Artículos como el 27, el 31.2, el 43 o el 50 de la Constitución han sido quebrantados de modo sistemático y, me temo, quirúrgico. Parece como si no estuvieran en el texto constitucional. Su mera alusión, como queja ante un poder público, la Comunidad de Madrid, que actúa al margen del orden, supone ser tratado por una corte (o quizás cohorte) de medios de comunicación de "mal español", resucitando un léxico más propio de camisa azul o de foto de pedorreta.

La situación, dentro de la gravedad, roza la excepcionalidad. La paciencia del gobierno de España se encauza en términos judiciales cuando, en verdad, dichos términos importan poco a quien, como hace el gobierno regional, realiza políticas de dudoso retorno mientras dilata los procesos judiciales o, directamente, busca atajos de dudosa legalidad para saltarse las sentencias tras el día de su dictado.

Y la paciencia, como dijo Cicerón, tiene un límite de abuso.

Por un trabajo decente.

Os dejo el enlace a la campaña iniciada por la Confederación Europea de Sindicatos y seguida por el PES y por ECOSY en pro de un trabajo decente en todo el mundo.

La huelga.

Extraña era la fábrica inactiva.
Un silencio en la planta, una distancia
entre máquina y hombre, como un hilo
cortado entre planetas [...]

Pablo Neruda, "La huelga".

Tras 13 días de huelga en el servicio de limpieza del Metro de Madrid, la solución aún parece lejana. La movilización, convocada por todos los sindicatos representativos (UGT, USO, CGT, CNT y SUT, y con la “excepción” de Comisiones Obreras) de los trabajadores de las contratas de limpieza del Metro, prosigue mientras el único avance ha sido que los representantes de las empresas se han dignado a sentarse a negociar.

Sobre la mesa, la diferencia salarial, los pluses de penosidad y peligrosidad, jornada de 35 horas y mejoras en el equipamiento. Aunque parezca mentira, alguien que trabaja 8 horas limpiando una línea de Metro puede cobrar hasta 300 euros menos que otro trabajador que haga las mismas horas en otra línea de Metro. Algo insólito que atenta contra el más elemental principio de “a igual trabajo, igual salario”. A ello añadimos que los trabajadores no reciben ni guantes ni mascarillas ni utensilios mínimos para manejar productos químicos de limpieza.

Todo esto no se compadece con un incremento de precios del Abono de Transportes que, por enésimo año consecutivo, supera con creces el IPC.

El Gobierno regional, llamado en ejercicio de sus competencias en materia de trabajo a mediar en busca de una solución para el buen funcionamiento de un servicio público de interés prioritario como es el Metro de Madrid, lejos de aportar soluciones ha optado por enredar aún más la situación, primero decretando unos servicios mínimos del 60%, que dejan el ejercicio de la huelga en agua de borrajas, y luego con dos medidas de escasa legalidad, si no delictivas.

La primera ha sido resolver los contratos con las adjudicatarias y anunciar que saldrán nuevos pliegos para adjudicar la limpieza en el Metro. Con el artículo 111 de la vigente (aunque camino de ser derogada) Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (su Texto Refundido está en el Real Decreto Legislativo 2/2000) no se puede resolver un contrato de modo arbitrario ya que si la adjudicataria no presta el servicio es por un ejercicio por parte de los trabajadores de un derecho fundamental como es el de huelga.

¿Dónde queda el contenido esencial del derecho de huelga si el Gobierno regional, que es el encargado de velar por que el conflicto colectivo se lleve por los cauces legales, hace un lock-out encubierto? ¿Cómo pueden los trabajadores presionar mediante el cese de su actividad laboral cuando ésta es cortada de raíz por el Gobierno regional?

Frente a esto, el único consuelo que les queda es su recolocación, según el convenio (al menos no se quedan en la calle).

Eso sí, resolver los contratos a sabiendas de que se hace un acto administrativo no sujeto a Derecho es algo que tiene varios nombres y apellidos en el Código Penal.

La segunda medida, difundir vídeos en los que presuntos piquetes realizan actos de boicot de las instalaciones. Esto no es nuevo: cuando hubo una serie de averías en el Metro el año pasado, el Gobierno regional aseguró que los trabajadores boicoteaban los convoyes en los talleres para provocar las averías (algo así como el bombero pirómano).

Lo triste es que parece que determinados grupos han aprovechado el río revuelto para realizar actos antisistema, situación ésta que beneficia bien poco a los huelguistas.

Lo grave, por otro lado, no es sólo echar gratuitamente la culpa a los piquetes (aún está por probarse que uno de los vídeos no sea un montaje, dado que los trabajadores de las contratas de seguridad niegan que los piquetes hagan esos actos y el vídeo presenta cortes de montaje y debería ser una grabación continua de una cámara de seguridad), lo grave es utilizar la videovigilancia de la Red de Metro para estas cosas.

Las cámaras están instaladas para controlar la seguridad de los usuarios, único fin para el que han sido instaladas de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, fin declarado en los carteles de las puertas de entrada a la Red. Las cámaras no pueden usarse para otros fines, del mismo modo que si yo le doy mis datos a la compañía del gas, sólo es para mi relación contractual con la compañía del gas. Las cámaras no están ni para controlar a los trabajadores ni para ninguna otra cosa, primero por el carácter finalista de los datos que tiene la Ley Orgánica, y segundo porque poner cámaras en un lugar de trabajo contravendría las recomendaciones de la Comisión Europea, que establecen que los únicos motivos para instalar cámaras en los centros de trabajo son el control de la producción y la seguridad en el puesto de trabajo.

Así que alguien se ha saltado la intimidad de los trabajadores de limpieza, de los de seguridad, de los poco que reparan las máquinas expendedoras de billetes, de los conductores, taquilleros, revisores y todo trabajador que tenga su centro de trabajo en la Red de Metro. Y eso también tiene otro nombre.

Jóvenes y empleo.

Salió muy bien. Ayer en mi Agrupación pudimos contar en un acto de JSCL con la presencia de José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT-Madrid, Marta Robledo, Secretaria de Juventud de UGT-Madrid y Maru Menéndez, Secretaria de Política Institucional de UGT-Madrid.

José Ricardo Martínez abordó más quizás la eterna cuestión de si queremos que la izquierda gobierne y para qué, dándole un enfoque social con los problemas de la calle y alejándose de los grandes debates parlamentarios.

Mientras, Marta Robledo y Maru Menéndez entraron más en el asunto que nos reunía, la reforma laboral firmada hace meses entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y las medidas que afectan más a los jóvenes.

Pequeño "debate" con la pregunta de nuestro compañero David Calvo, Secretario de Acción Sindical de JSM, acerca de un modelo de sindicalismo como el alemán, con convenios que afecten sólo a los trabajadores sindicados y contratos de tabla.

La Agrupación llena una vez más en un acto de JSCL.