Frenos (de mano) autonómicos.

Íbamos nosotros tan tranquilos por la carretera del desarrollo de la Constitución. Había algún viajero agorero que nos decía que aquella carretera se terminaba dentro de poco, en un cruce de caminos, y que debíamos ir decidiendo ya por dónde seguir.

El caso es que, dentro de lo poco que quedaba, hubo nuevos Estatutos de Autonomía. Y el caso es que, con procesos más o menos largos, los últimos tiempos nos han deparado el incontestable resultado de que, o bien la Constitución se nos ha quedado pequeña (cosa que intuíamos) o bien tenemos serios problemas con determinados órganos (léase Tribunal Constitucional, porque de otros es para hablar otro día) o bien tenemos serios problemas con medio arco parlamentario.

El primer ejemplo, cronológicamente, de los últimos tiempos, es el Estatuto de Castilla - La Mancha, cuya nueva redacción fue retirada de las Cortes Generales por la jugarreta que el PP le ha hecho a los ciudadanos de Castilla - La Mancha, diciendo una cosa en las Cortes de Toledo y su contraria en las de la Carrera de San Jerónimo. Aquí no hay más culpable que el PP, carente de la suficiente coherencia interna como para poner de acuerdo a sus huestes murcianas con las de Castilla - La Mancha.

El segundo ejemplo, más sonado, e imposible que más complejo, es el Estatuto de Cataluña.

En primer lugar, el problema lo tenemos como sociedad y como país cuando tomamos por normal que haya dilaciones de cuatro años en cosas tan serias. A nadie más, poder público, autoridad o funcionario se le consiente tal derroche de tiempo, para evidenciar en breves semanas que el asunto tenía solución rápida si de voluntad se trataba.

En segundo lugar, tenemos un serio problema con el Tribunal Constitucional cuando uno se pone a leer el punto tercero del artículo 159 de la Constitución . En resumen, determinados magistrados han emitido su juicio cuando la Constitución es taxativa sobre el ejercicio de sus funciones. Si la Constitución hubiera querido regular por ley que el plazo de tres años de mandato es extensible, maleable y dúctil, se hubiese dicho. Claro que, sobre la no renovación de los magistrados tiene el PP mucho que decir, mucho más que los propios magistrados implicados. Dicho lo cual, esperar a renovar los actuales magistrados por otros nuevos hubiera sido ya mucho esperar, mucho más.

En tercer lugar, tenemos un serio problema de justicia constitucional cuando los mismos preceptos impugnados para Cataluña están vigentes en Andalucía. Un modelo fallido de justicia constitucional, un modelo que genera asimetrías penosas entre territorios. Pero esto es casi una cuestión procesal, una mala consecuencia de la sentencia, una mala medición de su alcance.

En cuarto lugar, ha quedado en evidencia, y eso siendo benévolos en la expresión, la cocina que se han traído los magistrados de modo público con ponencias que van y vienen y artículos intercambiables como cromos. Esto sí les es achacable. Y choca esta falta de prudencia con la discreción de los padres de la Constitución, escandalizados porque en 1978 se filtrase un borrador del proyecto de Constitución.

Y, por último, ha quedado claro que la sentencia ha sido, claramente, no de politización del Tribunal (lo cual daría para muchas más líneas) sino de extralimitación del Tribunal no sólo en sus funciones, sino en la invasión que ello supone del papel del Poder Legislativo. En el Tribunal Constitucional no reside la soberanía popular. No es un poder del Estado. Y, con su sentencia, lejos de adecuar una ley a la Constitución, han hecho una nueva Ley que no es ni la que las Cortes aprobaron por cierta mayoría ni la que los catalanes ratificaron. Esto no es un problema del Tribunal, obligado a resolver, sino, de nuevo, un problema de las consecuencias de la sentencia, cosa que el Tribunal no elige.

Aquí me quedo con un artículo del profesor Pérez Royo que expone su teoría sobre la posible falta de competencia del Tribunal Constitucional, teoría tan plausible como su contraria, pero que al menos pone en entredicho que ambas cosas, que sean competentes y que no lo sean, son posibles. Y si se puede barajar esta incertidumbre en algo tan serio, entonces es que algo falla.

Dentro de lo inevitable de lo político de las sentencias del Tribunal Constitucional, y dentro de que en sus funciones está la preservación de lo más acorde al texto constitucional, ¿no es más acorde a la vida política y al orden constitucional dejar como está un texto que lleva cuatro años funcionando sin problemas en lugar de generar un desorden constitucional severo para el país en general y para Cataluña en particular? ¿No es eso una mejor defensa política y jurídica de la Constitución? Esto es una cuestión opinable, pero queda claro que, en la práctica, la regulación del Estatut no afectaba a la vida diaria del Estado.

El último problema lo volvemos a tener con el PP. Era de suponer, o eso decían en la Facultad, que los procesos y la vida jurídica en general se regían por la buena fe. ¿Podemos hablar de buena fe cuando el demandante, o sea el PP, recurre para Cataluña los artículos que aprueba para Andalucía? Retorciendo un poco más el argumento ¿debió el Tribunal Constitucional admitir el recurso de los diputados del PP cuando la apariencia de buen derecho de las pretensiones del PP se quedaba en entredicho pues los mismos diputados daban por acordes a la Constitución artículos idénticos pero para Andalucía? ¿Hemos afirmado una cosa y su contraria? De esto, el Tribunal tampoco tiene la culpa, pero vuelve a ser un problema procesal serio. Una inadmisión de plano basada en la propia actuación del PP hubiera sido, aunque parezca mentira, una decisión más equitativa.

Así pues, hay frenos al desarrollo de la Constitución. Uno se llama PP y con ese ya contábamos. Forma parte de sus ideas, que podemos considerar reprochables, pero son sus ideas.

El otro acaba de quedarse al descubierto: la regulación del Tribunal Constitucional, que vuelve a quedarse como el malo de la película por una regulación que permite intenciones, las del PP, lejanas del consenso constitucional.

Cuando se puede acudir así a los tribunales porque se ha perdido en la calle, y en la votación, hay que regular de nuevo los tribunales, sin que sea culpa todo, aunque sí parte, de los tribunales mismos.

Con fianza.

El caso es que he echado cuentas y los anuncios de Bancaja no son tan malos.

Verán ustedes:

Jaume Matas les ha pedido 3 millones de euros para la fianza que debe presentar en el caso Palma Arena.
Bancaja se los ha prestado de modo que capital e intereses le salen por 7.000 euros al mes.
Hemos de decir que el juez ha dicho que la entidad bancaria se acaba de reír en la cara de todos los españoles.

Pues bien: mañana estoy por ir a la sucursal de Bancaja que hay aquí en Pueblo Nuevo, llegando a Ciudad Lineal, pedir un crédito de 300.000 euros (la décima parte que Matas) y pagar 700 al mes (la décima parte que Matas) y me compro mi casita sin mayores preocupaciones.

Y a ver cómo me explican que no.

Un repaso de abril.

El viernes 9 tuvimos reunión de la CEF y del Consejo Federal. Vamos ya arrancando de cara a las elecciones de mayo de 2011.

El sábado 10 me acerqué a Collado Villalba, a seguir el desarrollo del Foro Joven de JSM.

El día 13 fue el día en el que dijimos que todos los poderes públicos están sometidos a la opinión del pueblo, del que emanan esos mismos poderes, el día en que nos opusimos al procesamiento de Baltasar Garzón, un procesamiento que supone una vergüenza en nuestro sistema constitucional, un procesamiento en el que se trata de acallar a un juez por perseguir la corrupción y los crímenes franquistas, una persecución hecha en nombre de una independencia judicial en la que se mezclan intereses políticos entre algunas partes y algunos jueces. Y el día en que pudimos expresar nuestro apoyo al rector Berzosa, elegido con nuestros votos, y perseguido por pensar diferente.

El viernes 23 estuve en la campa de Villalar de los Comuneros, con los compañeros de Castilla y León, en el día de su Comunidad Autónoma, conmemoración de la derrota de los Comuneros frente a las tropas imperiales.


Un ambiente y un día festivo reivindicativo clásico de toda la izquierda. Una muy buena acogida a Óscar López, Secretario General del PSOE de Castilla y León, que presentaba su campaña y lema: Puro cambio. Y una acogida igual de buena para José Blanco, que demuestra que Castilla y León es una prioridad para los socialistas de cara a 2011.

Un gran día con los compañeros de JSCyL, que vienen además realizando una intensa labor de denuncia de la despoblación joven que padece su Comunidad. Allí estuve con Dani, Toño, Fran, Alfonso, los Rubenes, María, Noelia, Charo, Carlos, Rebeca... y una buena representación de la CEF con Sergio, Noemí, Sheila, yo mismo y el de la tierra, Alfonso: tantos y tan buen rollo!!

Y al día siguiente, sábado 24, para Murcia, a la Escuela de Primavera de JSRM con Alfonso Espinosa. Lo dije en mi intervención y lo repito ahora: a pesar de estar en una Comunidad Autónoma con mucho en contra, los compañeros y compañeras de JSRM realizan una incesante labor de oposición al gobierno murciano, pero también de demostrar la buena gestión en los municipios gobernados por socialistas, como Calasparra, donde se desarrolló la Escuela. Y también gracias a todos ellos, a Presen, a Mireia, a Paco, a Juan Antonio, a David, a Aira, a Sergio... y seguro que me dejo a alguien.


En el PSOE de Ciudad Lineal, abril fue el mes en que se presentó en la Agrupación el Plan de Cercanías que el Gobierno de España va a desarrollar en Madrid (para que luego Espe diga que no invierten), el mes del homenaje a la II República, de la visita de Elena Valenciano, de la charla sobre el pacto educativo...

Yo apoyo a Garzón: La impunidad ejemplarizante.

"... hay un mañana estomagante escrito
en la tarde pragmática y dulzona."
Antonio Machado, en "El mañana efímero".

Estos versos de Machado nos caen hoy como una profecía, y como una losa.

Cuando transcurren ya 71 años y apenas un par de semanas del fin de la Guerra Civil, quienes lograron ponerle término entrando en Madrid quieren hoy avanzar aún más, no sólo con la impunidad, sino más allá, con el ataque directo, el socavamiento, el proxenetismo hacia uno de los poderes del Estado, que es el judicial.

No les vale con conseguir la impunidad que no deberían tener. Antes al contrario, quien ha tratado, como Baltasar Garzón, de poner un mínimo coto a los desmanes cometidos por el régimen de Franco, padece hoy una persecución implacable quizás por el único estamento público que no ha sido profundamente reformado desde la promulgación de la Constitución de 1978.

Y es bien cierto, porque si el Ejército, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las cárceles, y todos los vínculos directos con los derechos y libertades de los ciudadanos han sido ampliamente reformados, el Poder Judicial sigue siendo, en demasiados casos entre sus integrantes, un reducto para el corporativismo, entendido éste en la total ausencia de sustrato democrático, y el mantenimiento en estas magistraturas de apellidos, personas y familias cuyo abolengo es tan rancio como sus ideas políticas, en abierto desapego con la escala político-jurídica constitucional.

Sólo bajo el triunfo del retorcimiento de las leyes, algo que como licenciado en Derecho me asquea, se puede tolerar el punto al que se ha llegado con Baltasar Garzón. Pero no nos equivoquemos: lo que en primer lugar ha de quedar claro es que Garzón es, en estos días, exclusivamente un ejemplo, un experimento objeto de juicio ejemplarizante por el fascismo de toga y puñetas. Las acciones emprendidas por Garzón que son objeto de persecución política por vía jurídica son la representación misma de una escala de valores en la que muchos, y debiéramos ser todos, españoles nos sentimos representados. El ataque no se dirige contra él: es un ataque mismo al Estado de Derecho, a la sujeción de todos al imperio de la Ley.

Se pretende, por tanto, que determinadas actitudes, sean las de los cómplices y descendientes del franquismo, sean las de los autores y cómplices de uno de los casos de corrupción política más amplios de nuestra reciente historia, queden sencillamente impunes y, aún más, se trata de que quien pretenda lo contrario salga escaldado.

Vemos con estupor que se dirigen contra Garzón tres querellas, una de ellas instruida por magistrado, señor Varela, que, si tuviera un mínimo de dignidad profesional, se hubiera abstenido, dados sus intereses para con los querellantes, de tomar partido en el asunto. Lejos de ello, lejos de que el CGPJ le investigase por seguir ahí, sin abstenerse, observamos con más estupor aún que el gobierno de los jueces se inunda de infame corporativismo, defiende a Varela y ataca a las organizaciones que han salido en defensa del juez Garzón, que son, en el caso de ayer, los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras.

Y les atacan como les ha atacado también la número dos del principal partido de la oposición, Dolores de Cospedal, quien no ha dudado, náuseas aparte, en calificar de "antidemocrático" el acto de los sindicatos ayer, en la Universidad Complutense. Qué casualidad, Cospedal, del mismo partido que quien apoyó y justificó el uso de la violencia contra el Rector de la misma Universidad no hará ni medio mes.

Alguien debería recordar a los miembros del CGPJ, y al PP (qué pena), que no supone ningún problema en este país ejercer el derecho de reunión pacífica y expresar libremente las ideas, derechos ambos recogidos en la Constitución, y menos si esos derechos se ejercen en una convocatoria sindical, cuando los sindicatos ocupan un lugar destacado también en la Constitución, nada menos que en el séptimo artículo. Y es que la paz social está en juego, así como los intereses de muchas personas, fallecidas y vivas, que fueron masacradas por el mero hecho de ejercer la libertad sindical. Quizás haya que aclararles que el ejercicio de la libertad sindical de hoy pasa también por la defensa de los intereses de quienes ejercieron la libertad sindical en el pasado. Ningún sindicato puede hoy sentirse cómodo moralmente si no puede libremente defender a sus sindicados, aunque éstos lo fueran hace 70 años.

La crítica a los poderes públicos, a los tres, la formación ciudadana de una conciencia crítica con la actuación de los poderes públicos, entendida la crítica en el sentido amplio, positivo y negativo de la palabra, es necesaria para la salud de nuestra democracia. Consentir o pretender que un poder del Estado, que según la Constitución emana del pueblo, quede fuera del juicio del pueblo es, sencillamente, aberrante. Tolerar que quien dirige ese poder del Estado responda del modo como lo ha hecho a la crítica ciudadana y de actores constitucionales como son los sindicatos, es igualmente una ignominia.

Pero también está en solfa la independencia judicial. Y aquí es donde la derecha extrema saca su clásico sistema de las dobles varas de medir. Si uno ataca al juez Garzón en relación con la investigación de Gürtel, o del franquismo, o de cualquier cosa que no convenza a los hijos del odio, el hecho está justificado, Garzón prevarica y se ponen todos los cuidados procesales y la celeridad debida para sentar al magistrado en el banquillo de los acusados. Si lo que uno critica es a los jueces que juzgan a Garzón, comete una tropelía antidemocrática que ataca la raíz misma de la democracia, ése juego del que la derecha prescinde cuando no tiene naipes ni para juego ni para pares.

Si de instruir una causa contra Garzón se trata, la rapidez es total. Si de señalar quién es competente para juzgar los crímenes del franquismo se trata, se puede dictar un auto en el que parte del Tribunal Supremo deje claro de quién no es competencia, pero se tome un tiempo incompatible con la tutela judicial efectiva para decir quién es competente, en abierto choque con los principios procesales más elementales.

Han estado pacientemente expectantes. Vieron con una mueca el procesamiento de Augusto Pinochet, uno de los dos jefes de Estado que acudieron al entierro del dictador Franco. Se aseguraron, a través del gobierno del PP, de que el avión de Pinochet saliera para Santiago de Chile y no para España, no tramitaron un acto debido, como era la extradición del traidor y genocida. Pero entonces no era su dictadura: sólo la de unos amigos. Cuando la marea de la reparación y la justicia comenzó a inundar su propio régimen, entonces se desperezaron y mordieron pero, reitero, no muerden a Garzón. Muerden la posibilidad misma de someternos todos a la Constitución y a las leyes, o lo que es lo mismo, subvierten el orden constitucional y la paz pública, porque no estaré tranquilo si mañana matan a alguien por sus ideas políticas y nadie me asegura justicia al menos en setenta años.

Tal día como mañana...

El Socialista relataba los sucesos de tal día como hoy, 14 de abril, con portadas como la que os dejo.

Feliz 14 de abril.

¡Viva la República!

Miércoles, día del espectador.

El conocido como "crimen de Cuenca" es llamado también, más académicamente, "caso Grimaldos".

Todo un ejemplo en Derecho del recurso de revisión ante el Supremo, pero también de un delito imposible por falta de objeto (asesinato sin muerto).

Aquí os dejo un fragmento de la película que dirigió Pilar Miró y que le valió (en 1979, promulgada la Constitución) un Consejo de Guerra por injurias a la Guardia Civil, al relatar, pormenorizadamente, las torturas que padecieron los acusados hasta confesar.

Miércoles, día del espectador.

"Doce hombre sin piedad", una película muy recomendable sobre la presunción de inocencia y el jurado popular.

Arenas y la cadena perpetua.

Javier Arenas Bocanegra ha reclamado un debate sobre la cadena perpetua "que pide la calle". Y ha reclamado el cumplimiento íntegro de las penas para determinados delitos, "de forma muy especial los que tienen que ver con los menores y las personas indefensas".

Artículo 25.2 de la Constitución:

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados [...]

Música para acabar la semana.

"Aquí viene la historia de un Huracán, el hombre al que las autoridades echaron la culpa por algo que no había hecho. Le metieron en la celda de una prisión, pero una vez él pudo haber sido el campeón del mundo".

Así dice el estribillo de una de las mejores y más sonadas canciones de Bob Dylan.

En el vídeo, la canción se entrelaza con imágenes reales de la lucha de la población negra por sus derechos en EE.UU. y con imágenes de la película "Huracán Carter" ("The Hurricane", en el original inglés), protagonizada por Denzel Washington.

Por cierto, recomendable para quienes quieran ver un ejemplo del derecho a un proceso debido, con todas las garantías.

Miércoles, día del espectador.

"En el nombre del padre" narra la historia de cuatro irlandeses residentes en Londres que son acusados del atentado del IRA contra un pub en Guilford, perpetrado porque dicho pub era frecuentado por militares británicos.

Tras muchos años en prisión, una abogada consigue encontrar las pruebas ocultadas por la policía británica y que exculpaban a los acusados.

Basada en un hecho real, Emma Thompson y Daniel Day-Lewis muestran sus mejores interpretaciones en este film de Jim Sheridan.

A lo mejor es que se perdió esa página.

CAPÍTULO V.
DEL COHECHO.

Artículo 419.

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa.
[...]

Artículo 423.

1. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que éstos.
[...]

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Los derechos humanos no están garantizados en la Comunidad de Madrid.

Artículo 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

[...]

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Constitución Española.

Y ahora cogen ustedes, se leen este enlace y que tengan buena mañana.

Monta tu propio juicio, como si fuera un juguete de Reyes.

Ayer se celebró la vista del proceso que se sigue contra Patxi López, Rodolfo Ares, Juan José Ibarretxe y varios dirigentes de la extinta Batasuna por haberse reunido durante la tregua de ETA.
El proceso se inició a raíz de una querella del PP y del denominado Foro de Ermua en la que se presentaban como acusación popular.

El delito imputado: desobediencia a resolución judicial. Porque Batasuna está ilegalizada y sus dirigentes no pueden mantener reuniones como tales dirigentes de Batasuna.

Antes de entrar en el meollo de por qué se ha llegado a la fase oral del juicio, cabe hace dos reflexiones jurídicas.

La primera es simple: si Batasuna es ilegal, es parte de ETA, etc. no tiene personalidad jurídica. Si no tiene personalidad jurídica, no existe legalmente. Si no existe, no existe, así que es complicado, como poco, que tenga dirigentes. Es como si, por abreviar y para que se entienda, en lo mercantil, se extingue una empresa, pero no los socios.

La segunda es más simple aún: supuesto que a Fulano le castigan judicialmente por un delito relacionado con la seguridad vial y le prohiben conducir, coge un coche y nos subimos con él... ¿nos acusarán de desobediencia a nosotros por montar en coche con Fulano? ¿Dónde queda nuestro derecho a la tutela judicial efectiva (sí, eso viene en la Constitución, en el artículo 24) si nos cuelgan un delito de desobediencia a una sentencia para la que nosotros no hemos sido ni parte ni interesados remotamente en serlo?

Así que tenemos un juicio en el que unos acusados están pero no son y los otros les acompañan... por aquello de las apariencias.

Una vez nos inventamos los acusados, nos inventamos el proceso.

El Ministerio Fiscal, parte en el proceso, no sostiene la acusación y no hay acusación particular, así que los cargos sólo se mantienen por la acusación popular.

Tras la sentencia del caso Botín, el Tribunal Supremo se pronunció respaldando la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar un proceso si no había más partes que la acusación popular. Esto ya es casi más lógico y Constitucional que Procesal Penal.

Así que ahí tenemos al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sosteniendo todo un juicio a sabiendas de que el criterio de un órgano superior es diferente. Vale que no están sometidos a jerarquía, pero son molinos, no gigantes... y sostener el proceso a sabiendas de que la interpretación de la Ley que hace el Supremo es la que es, como poco, supone, un ejercicio de teología más que de Derecho (y eso por ser suaves).

Y, para terminar, la guinda nos la pone la defensa de Ibarretxe, que ahora dice que quiere seguir el juicio "para demostrar la inocencia". No sé cómo sigue la Ley... pero en mi época había que demostrar la culpabilidad, por aquello de que la inocencia se presume.

Y esto es todo lo que tenía que decir.

Inicio de la semana con diversas actividades.

El lunes 6 se reunión en la sede de JSE la Mesa de Directores Generales de Juventud, en el marco de la Oficina Institucional Joven.


El martes 7, Aurora Bonnín y yo estuvimos en la Escuela Jaime Vera en unas jornadas de dirección política para miembros de Al-Fatah. Hablamos de ellos de la relación con el tejido asociativo juvenil. También estuvo con nosotros Mariví Monteserín, diputada por Asturias.


Por la tarde del mismo día 7, estuve con los compañeros de JSE y JSM (y entre ellos, los de mi Agrupación) en la concentración de la plaza Mayor de Madrid por la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se nos pasó por agua.

Hoy, Jornada por el Trabajo Decente.

Hoy, 7 de octubre, celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

En Madrid, la concentración será a las 18.30 en la plaza Mayor.

La movilización contra el proyecto de directiva que pretende ampliar la semana laboral a 65 horas marca este día, y en JSE nos hemos querido sumar a la protesta contra esa medida incomprensible.

Así que hemos sacado una web.

También hemos sacado una imagen principal de campaña.



Y un pequeño vídeo.



Todo ello después de que hayamos presentado la moción y la PNL contra las 65 horas en multitud de sitios, donde se ha aprobado por unanimidad: Parlamento Andaluz, Parlamento Vasco, Ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Santander, entre otros muchos... Una iniciativa de JSE, impulsada por el PSOE a nivel federal.

65 horas.

Desde la Oficina Institucional de JSE hemos elaborado una moción y una PNL para rechazar en los ayuntamientos y en los parlamentos autonómicos la directiva que pretende ampliar la semana laboral a 65 horas.

La Ejecutiva del PSOE ha agradecido y ampliado nuestra iniciativa, que se ha recogido en los medios.

Se ha aprobado ya en el Parlamento Vasco como Declaración Institucional, en el Ayuntamiento de Madrid y esperamos que se debata y apruebe en otros muchos sitios más.

Contra las 65 horas de semana laboral.

Os invito a todos a entrar a la web que se ha abierto (a instancias de Netoratón) para mostrar nuestro rechazo al proyecto de directiva que implanta una semana laboral de 65 horas que se ha de negociar entre cada trabajador y su empresario, de modo individual.

Dicha directiva ataca derechos constitucionales como la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo, machaca las posibilidades de conciliar la vida familiar y laboral, incentivará el desempleo con reducciones de plantilla y se lamina derechos laborales que se reconocieron en la OIT en 1917.

Yo estoy en contra de la directiva y hay que empezar a moverse YA.

Buscando en la basura.

El juez José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ha admitido que el partido ultraderechista Alternativa Española (AES) pueda personarse como acusación particular en el caso de los presuntos (y tanto) abortos ilegales de la clínica Isadora.

Y ustedes pensarán: ¿acusación particular? Naturalmente, porque como son los únicos que acusan, si les admiten como acusación popular, se archiva el caso. Así que mejor saltarnos la Ley y les ponemos de acusación particular, que así tenemos juicio y páginas en la prensa. Así que un partido político es el perjudicado en un delito de abortos ilegales (ay, madre: léanse el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y hasta aquí la primera barbaridad de ésas de "somos capaces de torcer la Ley hasta el punto en el que nos interesa".

Como bárbara consecuencia, el juez permite que el partido ultra conozca la identidad de las mujeres que abortaron, saltándose la confidencialidad médico-paciente, sin contar con que las mujeres no pueden en ningún caso ser imputadas. Habría que hacerse dos preguntas: ¿habría hecho lo mismo el juez con el secreto profesional de un periodista o con el secreto confesional de un sacerdote? ¿Dormirán tranquilas estas mujeres sabiendo que un partido de extrema derecha conoce su nombre y quizás sus domicilios? Y hasta aquí la segunda barbaridad.

Pero es que el caso viene aún de más lejos. Todo empezó cuando un comandante y dos sargentos de la Guardia Civil, pertenecientes al Seprona, hicieron una inspección a la clínica Isadora. Yo creo que ya entraron buscando lo que fuera con tal de tener algo. Aquello fue el 16 de febrero de 2007. Allí encontraron varios contenedores con restos quirúrgicos que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Esto debió resultarles una buena presa. Fueron al juez de guardia de Madrid porque querían una orden para abrirlos. El juez no les dejó y archivo el caso, ordenando a los agentes a que se dejasen de pamplinas y de seguir "elucubrando sobre abortos ilegales". Los guardias civiles pensaron eso de "si el juez no nos deja, nos inventamos una infracción administrativa por mala gestión de residuos y vamos a la Comunidad de Madrid , que son amiguitos y nos dejan". Así que con un técnico de la Comunidad, arramplaron con los contenedores (pasándose por ahí mismo la orden negativa del juez) a un tanatorio de Alcobendas (en el de Madrid hubiera sido cantoso, por lo que se ve) y los abrieron. Y la orden judicial: para qué. Hasta donde llegan mis conocimientos, la basura (o residuos quirúrgicos) es también parte de la esfera de privacidad del individuo y, por tanto, forma parte del domicilio. No constituye ni res nullius ni res derelicta: se deja para su destrucción y no para otra cosa. Llamaron por teléfono a la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta se inhibió en favor de los juzgados de Madrid.

En los contenedores se habían encontrado restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al nuevo juez de Madrid que eran muy grandes (un criterio científico sólido) y pidieron que se abriera una investigación. El juez les hizo caso, sin pararse a pensar en la teoría de los frutos del árbol prohibido, en las pruebas obtenidas sin orden judicial o, en concreto, contra una orden judicial directa (la del primer juez de guardia que les dijo que se dejasen de tonterías). Tampoco ha valido de nada que la Agencia de Protección de Datos (la estatal, claro) pusiera el grito en el cielo. Tercera barbaridad.

Y entonces ha venido la instrucción (por llamarlo de alguna manera, vistas las dos barbaridades primeras). Y ahí la Guardia Civil fue a los domicilios de las mujeres a dar las citaciones en mano (qué raro, ¿no?), a tomar declaración, interrogar y todo. Otra vez debieron ir con ganas previas de encontrar algo (una actitud la mar de imparcial). Y hasta fueron a las tantas de la noche: un claro ejemplo de administración respetuosa y de menor intervención posible. Y no repararon en que las mujeres podían estar con su familia, los niños (¿se imagina alguien que entre en tu casa un señor vestido de Guardia Civil...? Vaya recuerdo de la infancia). Y van cuatro barbaridades.

Y en esas estamos. Sin más comentarios.

También podéis leer aquí.

Madrid o cómo desmantelar lo público.

"Comprenderás entonces que yo velo por la salvación de lo público mucho más activamente que tú por su ruina."
Cicerón, Catilinarias, I, IV.

¿Es constitucional la gestión privada de determinados servicios públicos? ¿Es constitucional si dichos servicios públicos de gestión privada compiten con servicios iguales de titularidad privada? ¿Hasta qué punto no queda comprometido el interés general? ¿No estará éste acaso en peligro si los servicios públicos se guían por criterios de cuenta de resultados antes que de prestación de servicios de garantía de derechos constitucionales? ¿Y si para que no se vean comprometidos dichos derechos se usan fórmulas de gestión más perniciosas para el interés general?

La lista de preguntas sobre la materia puede extenderse tanto como se extienden últimamente las medidas del gobierno regional de la Comunidad de Madrid tendentes a adelgazar lo público hasta límites difícilmente reconocibles.

Ancianos empapados en su propia orina o escuelas construidas con dinero público que serán gestionadas por empresas privadas son sólo la punta de un iceberg.

Y a estas preguntas puedo añadir otras: ¿hasta qué punto puede un gobierno regional ser elemento catalizador de toda clase de insidias hacia el gobierno de España a través de medios de comunicación de titularidad pública? ¿hasta qué punto puede hacer uso de los servicios públicos para atacar al gobierno de España? ¿hasta qué punto puede gestionar los fondos públicos que le son transferidos del modo más pernicioso para el gobierno de España, olvidando su gasto en función del interés general? ¿hasta qué punto puede sugerir el incumplimiento de una Ley aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados alegando no se sabe bien qué motivos ideológicos en lugar de acudir a la jurisdicción constitucional o alegando una sentencia no firme de dudosa motivación legal?

La supresión íntegra de tributos cedidos para su mera gestión, la finalización por las autoridades europeas de sociedades de imputación de gasto que detraían cantidades para que no computasen como gasto público (léase Mintra) a fin de mantener el equilibrio presupuestario, la dedicación a otros temas de transferencias del gobierno de España hechas específicamente para sanidad son ejemplos financieros de actividades que no entrarán jamás en manuales de "buena administración".

El incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a reponer en sus puestos a médicos que han sido acusados injustamente de asesinato representan un ejemplo de que no es una mera cuestión de despecho hacia instituciones ejecutivas y que no se trata ni mucho menos de una diferencia ideológica con el partido adversario, sino de una concepción ideológica que subvierte el liberalismo hacia el neoliberalismo, permitiendo supuestamente todo comportamiento humano e institucional en busca del fin deseado sin entrar a valorar la subversión del orden constitucional y de la división de poderes.

La manipulación de vídeos de la propia cadena de televisión con tal de poner en duda la gestión del gobierno de España sobre materias que no son competencia de las Comunidades Autónomas, las dudas vertidas sobre datos elaborados por el gobierno de España en ejercicio de sus legítimas competencias o el empleo de datos propios paralelos que contradigan los que publique el gobierno de España en uso de su competencias, han supuesto una intromisión sin precedentes de un gobierno regional en asuntos estatales, más allá de lo que suponen en términos de deslealtad institucional y en términos éticos de veracidad informativa. Estos hechos, por lo que suponen de injerencia activa, deben sumarse a las injerencias pasivas que suponen la falta de gestión regional del Sistema Nacional de Dependencia (añádase la descalificación del mismo por el gobierno regional y sus medios de comunicación) o la falta de gestión de las ayudas estatales al alquiler destinadas a jóvenes.

Artículos como el 27, el 31.2, el 43 o el 50 de la Constitución han sido quebrantados de modo sistemático y, me temo, quirúrgico. Parece como si no estuvieran en el texto constitucional. Su mera alusión, como queja ante un poder público, la Comunidad de Madrid, que actúa al margen del orden, supone ser tratado por una corte (o quizás cohorte) de medios de comunicación de "mal español", resucitando un léxico más propio de camisa azul o de foto de pedorreta.

La situación, dentro de la gravedad, roza la excepcionalidad. La paciencia del gobierno de España se encauza en términos judiciales cuando, en verdad, dichos términos importan poco a quien, como hace el gobierno regional, realiza políticas de dudoso retorno mientras dilata los procesos judiciales o, directamente, busca atajos de dudosa legalidad para saltarse las sentencias tras el día de su dictado.

Y la paciencia, como dijo Cicerón, tiene un límite de abuso.

Y otra sentencia más contra el PP.

Nos lo dice Carlos Carnero en su blog y nos lo dice también la sección de Madrid de El País.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado que no se puede desdoblar la M-501, la carretera de los pantanos, que la obra no es de interés general y que se debe dejar el terreno como estaba.

Declara que el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 21 de julio de 2005 por el que la obra se declaró de interés general es nulo de pleno Derecho. El Acuerdo servía para pasar por alto la declaración negativa de impacto ambiental que el CSIC había dictaminado y para eludir el control por la Comisión Europea.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha anunciado que recurrirá la sentencia, que no haber avisado a la Comisión Europea del proyecto es una mera formalidad.

De momento, logramos con esta sentencia que se respete el medio ambiente en una zona de especial protección.