Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Esta cita bíblica parece olvidada en su primera mitad por la jerarquía católica española. Y es que nuestra conferencia episcopal se ha convertido en los últimos tres años en azote de los impíos, en el principal paladín del nacionalcatolicismo frente a los avances del Gobierno.

El matrimonio homosexual y las reformas educativas fueron los primeros motivos que sacaron a las sotanas a la calle en una suerte de Contrarreforma más propia de Trento que de los actuales tiempos. La muerte de Juan Pablo II no vino nada bien al Gobierno (y eso que era un papa mucho más retro que sus tres predecesores).

Y así nos felicitaron el año saliendo de nuevo a la calle encabezados por Kiko Argüello, Rouco Varela y los cardenales arzobispos de Valencia y Toledo. Y se escucharon frases que, oídas por un Gobierno que no supiera contar hasta 100 sino sólo hasta 10, hubieran provocado llamadas a consultas de embajadores (cosa que han pedido en el Congreso de los Diputados), cruces de protestas y notas con el nuncio, revisión de acuerdos, etc. Pero, menos mal, nuestra diplomacia está siendo mucho más vaticana que la suya.

Después de años alentando la Guerra Civil y la posterior represión (recomiendo leer “Réquiem por un campesino español”, de Sénder), después de décadas de menos represión pero mirando para otro lado, nuestra Iglesia, se decide a hablar alto, claro y ofensivo contra el Gobierno y las leyes civiles.

El divorcio o el matrimonio entre personas del mismo sexo son la aparente causa. Por detrás subyace la cercanía de las elecciones y la necesidad de tener a “su gente” (la España sana, católica y tradicional) tensionada y lista para votar a los suyos. ¿Pero qué van a decir del divorcio? ¿Pero cómo se atreven a abrir la boca cuando sus obispos son condenados por acoso laboral o cuando justifican en la prensa el mantenimiento de relaciones sexuales con menores de incluso 12 años (algo que el Código Penal califica de agresión sexual sin más consideraciones)?

Si el Gobierno hubiera regulado los efectos civiles del matrimonio canónico, quizás y sólo quizás hubieran podido decir algo (yo recomendaría eliminar dichos efectos y punto). Pero se regula el matrimonio civil, el que contraen libremente las personas con independencia de su credo. ¿A qué viene la Iglesia a meterse con una legislación que afecta a más personas que a los católicos? ¿Es que acaso la legislación del Estado debe regirse por la voluntad del clero y debe servir sólo a los intereses católicos?

La legislación del Estado debe contemplar todos los supuestos de sus ciudadanos. Si usted es católico y no quiere divorciarse, no se divorcie, amigo, porque el divorcio no es una obligación. Si usted es católico y piensa que los homosexuales no tienen derecho al matrimonio, nadie le obliga a casarse con su vecino, pero deje que los que no opinan como usted hagan lo que quieran.

Pero tienen una actitud mucho más… fácil… y pre-electoral.

Menos mal que no todas las posturas católicas son así... y que las comunidades de base ofrecen otra visión.