Como sabréis, ha habido cierto debate en torno a la conveniencia o no de la inclusión en el programa del PSOE de una reforma de la despenalización del aborto. Todo ello en medio de una ofensiva de la Iglesia y, de otro lado, de la Comunidad de Madrid y parte de la judicatura contra las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo, ofensiva que ha tratado de involucrar contra toda confidencialidad médico-paciente y contra el Código Penal a las mujeres que interrumpieron el pasado año su embarazo.
El actual sistema, basado en los 3 supuestos, convence ya a muy pocos, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha nunca le ha convencido, aunque a día de hoy tampoco apuesta por volver a prohibir el aborto (ocho años de Aznar no movieron ni una coma de la Ley). A la izquierda, que parece despertarse un poco, tampoco le convence. Valores como la seguridad jurídica o la objetividad son los arietes de una cada vez mayor corriente de opinión que, desplazando a un lado el debate sobre el cuarto supuesto (el llamado “social”), apuesta ya firmemente por un sistema de plazos.
Las ventajas del sistema de plazos son nítidas: la interrupción voluntaria del embarazo se realizará libremente antes de X semanas de embarazo. Esto da objetividad porque las X semanas de embarazo son un dato mucho más determinable que los supuestos dependientes de burocracia, informes médicos que aseguren estar en un supuesto, etc. Y, como añadido, hay mucha mayor seguridad jurídica por una sencilla disminución de la incertidumbre acerca de si un aborto se practicó o no dentro de la legalidad.
Sin embargo, por enésima vez en la materia, la izquierda parece acomplejada frente a una derecha que tiene las cosas claras. Y es que el repaso histórico, aunque con avances, denota la falta de empuje de la izquierda en los momentos decisivos:
1983: Las Cortes aprueban un proyecto de Ley impulsado por el Gobierno socialista para despenalizar el aborto.
1983: Alianza Popular lleva el proyecto ante el Tribunal Constitucional (ver BOE de 13/12/1983). Por entonces el recurso paralizaba la aplicación de la Ley.
11/04/1985. El Tribunal sentencia a favor de la inconstitucionalidad de la Ley, dando la razón en parte a AP, puesto que a la vez, en una sentencia de redacción discutible por la doctrina, señala los requisitos que tenía que haber cumplido la Ley para ser constitucional (lo cual es tanto como marcarle el camino al Gobierno según los juristas conservadores pero, a la vez, supone un razonamiento de la sentencia, según los juristas progresistas).
Primavera de 1985: El Gobierno reformula el proyecto, con cambios, y es aprobado por las Cortes. Entra en vigor la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que introducía en el Código Penal de entonces el artículo 417 bis. Para el desarrollo de la Ley se dictó la Orden de 31 de julio de 1985, que resultó ser muy burocrática, por lo que fue sustituida por el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre.
1987: el Real Decreto es recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dejando en suspenso su aplicación hasta el 12 de mayo de 1988 en que es levantada la suspensión por el TS.
Con la promulgación del Código Penal de 1995 no se aprovechó la coyuntura, siendo el artículo 417 bis del Código anterior el único sustantivo que quedara en vigor.
A finales de 1995, con la legislatura casi acabada y el PP a las puertas del poder, PSOE e IU presentaron un nuevo proyecto que fue rechazado por las Cortes.
Y hasta hoy es casi casi la historia.
El actual sistema, basado en los 3 supuestos, convence ya a muy pocos, tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha nunca le ha convencido, aunque a día de hoy tampoco apuesta por volver a prohibir el aborto (ocho años de Aznar no movieron ni una coma de la Ley). A la izquierda, que parece despertarse un poco, tampoco le convence. Valores como la seguridad jurídica o la objetividad son los arietes de una cada vez mayor corriente de opinión que, desplazando a un lado el debate sobre el cuarto supuesto (el llamado “social”), apuesta ya firmemente por un sistema de plazos.
Las ventajas del sistema de plazos son nítidas: la interrupción voluntaria del embarazo se realizará libremente antes de X semanas de embarazo. Esto da objetividad porque las X semanas de embarazo son un dato mucho más determinable que los supuestos dependientes de burocracia, informes médicos que aseguren estar en un supuesto, etc. Y, como añadido, hay mucha mayor seguridad jurídica por una sencilla disminución de la incertidumbre acerca de si un aborto se practicó o no dentro de la legalidad.
Sin embargo, por enésima vez en la materia, la izquierda parece acomplejada frente a una derecha que tiene las cosas claras. Y es que el repaso histórico, aunque con avances, denota la falta de empuje de la izquierda en los momentos decisivos:
1983: Las Cortes aprueban un proyecto de Ley impulsado por el Gobierno socialista para despenalizar el aborto.
1983: Alianza Popular lleva el proyecto ante el Tribunal Constitucional (ver BOE de 13/12/1983). Por entonces el recurso paralizaba la aplicación de la Ley.
11/04/1985. El Tribunal sentencia a favor de la inconstitucionalidad de la Ley, dando la razón en parte a AP, puesto que a la vez, en una sentencia de redacción discutible por la doctrina, señala los requisitos que tenía que haber cumplido la Ley para ser constitucional (lo cual es tanto como marcarle el camino al Gobierno según los juristas conservadores pero, a la vez, supone un razonamiento de la sentencia, según los juristas progresistas).
Primavera de 1985: El Gobierno reformula el proyecto, con cambios, y es aprobado por las Cortes. Entra en vigor la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que introducía en el Código Penal de entonces el artículo 417 bis. Para el desarrollo de la Ley se dictó la Orden de 31 de julio de 1985, que resultó ser muy burocrática, por lo que fue sustituida por el Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre.
1987: el Real Decreto es recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dejando en suspenso su aplicación hasta el 12 de mayo de 1988 en que es levantada la suspensión por el TS.
Con la promulgación del Código Penal de 1995 no se aprovechó la coyuntura, siendo el artículo 417 bis del Código anterior el único sustantivo que quedara en vigor.
A finales de 1995, con la legislatura casi acabada y el PP a las puertas del poder, PSOE e IU presentaron un nuevo proyecto que fue rechazado por las Cortes.
Y hasta hoy es casi casi la historia.
Fuente: Derecho Penal. Parte Especial. Francisco Muñoz Conde.
Los recientes casos sobre abortos presuntamente ilegales no hacen sino reforzar paralelamente dos tesis: la derecha rancia vuelve al ataque con el tema y la izquierda pide una reforma legal que dé mayor seguridad jurídica a médicos, mujeres y opinión pública.
Los recientes casos sobre abortos presuntamente ilegales no hacen sino reforzar paralelamente dos tesis: la derecha rancia vuelve al ataque con el tema y la izquierda pide una reforma legal que dé mayor seguridad jurídica a médicos, mujeres y opinión pública.
Sistemas de plazos: Aborto libre en las 12 primeras semanas en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Portugal, Chequia. 14 semanas en Rumanía. 24 semanas en Holanda. La mayoría de los países amplían a 24 semanas el plazo en los 3 supuestos legales (violación, malformaciones y riesgo para la salud de la madre). Fuente: revista El Siglo.
2 comentarios:
Pues sí, ya va siendo hora de que cambiemos la Ley del Aborto y que de una vez por todas se deje a mujeres y profesionales en paz. La derecha no sabe más que reprimir, reprimir y castigar.
Yo, en mi blog, me he sumado a la iniciativa "yo también he abortado"
Lo cierto es que es más que necesario hacer algo con respecto a este tema. No podemos dejar en el aire un aspecto tan fundamental de los derechos de las mujeres, y mucho menos teniendo en cuenta los avances en materia de igualdad que este Gobierno ha realizado. Si nos ponemos a la altura del resto de países de la UE no es por complejo, como insinúan algunos, sino porque es necesario.
Un sistema de plazos acabaría con la criminalización de la mujer que aborta, tratada por la derecha española como un monstruo. Con el fin de que dejemos de ser monstruos, y podamos ser personas que hacen libre ejercicio de un derecho, mojémonos de una vez con el tema del aborto.
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