Injuriosas varas de medir.

El juez Juan del Olmo se añade estos días la lista de jueces a los que les ha afectado el verano.

Ni corto ni perezoso, admitió a trámite la denuncia del Ministerio Fiscal contra un guionista y un dibujante de la revista El Jueves por un delito de injurias del artículo 491 del Código Penal, ordenando el secuestro de la publicación y el cierre de la página web de la misma.
Como sabemos todos, se trataba de la portada de la revista en la que aparece un dibujo de dos personas (una caricatura de los príncipes, aunque sin mencionarlos) en una explícita conducta sexual y comentando que, con la ayuda de 2.500 € al mes por hijo prometida por el Gobierno por fin iban a hacer algo parecido a trabajar.

Se ha escrito mucho sobre esta medida judicial. La mayor parte de los artículos han tomado un plano constitucional, abandonando el plano penal y tomando la siempre controvertida y hasta aburrida discusión de la libertad de expresión. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, en un artículo publicado en El País bajo el título “Aprendiz de brujo”, aseguraba:

"El asunto es una estupidez, pero el problema que ha planteado es de una trascendencia extraordinaria. Si la conducta de publicar una portada como la de El Jueves es constitutiva de delito, entonces la Monarquía parlamentaria no puede ser la forma política del Estado español. Si la Monarquía parlamentaria no es compatible con el ejercicio de las libertades ideológica, de expresión y de creación artística (la producción de una mamarrachada está tan protegida constitucionalmente como la de una genialidad) en la forma en que han sido ejercidas por los caricaturistas de la revista, la Monarquía no es aceptable como forma política."

De este modo, el asunto se planteaba en términos Monarquía-República y libertad de expresión-censura.

Pero nadie (o casi nadie, si contamos con los abogados de los acusados) ha reparado en el plano penal. La defensa alega, sabiamente, que no había animus iniuriandi y que la portada se hizo sin intención de perjudicar a la pareja principesca (ver auto de diligencias previas, hoja 3, al final). Lo hicieron, pues, iocandi gratia, con ánimo de broma, como es propio de una revista satírica (que no cómica). El juez (dando barniz objetivo a una opinión suya) alega en el auto que usaron la imagen de los príncipes de un modo consciente, queriendo hacerlo. Pero el argumento del juez roza el sofisma.

Las injurias, sean del tipo que sean, requieren dolo (esto es, conocer y querer los elementos del tipo penal). No pueden cometerse por imprudencia. El hecho de que los dibujantes quisieran usar la imagen de los príncipes dista mucho de que quisieran injuriarles con ello y dista aún más de que conocieran que con ello podían estar cometiendo un delito. No habiendo dolo, puesto que no conocían ni querían el delito, no hay delito.

Por lo que podemos decir, sin mencionar siquiera a la libertad de expresión, que los imputados nunca debieron serlo, ni la revista ser secuestrada ni la web clausurada. De igual modo, tampoco mencionamos en nada el contenido de la viñeta. Da la impresión de que el revuelo se ha organizado más por el hecho de decir “es lo más parecido que he hecho a trabajar” que por la conducta sexual. Y, además, ¿qué tiene de injurioso un dibujo de algo natural como el sexo? Podemos situarlo en el plano del derecho a la propia imagen, de disponer de la imagen de uno mismo, pero no en el plano de la injuria.

En mi modesta opinión, estas cosas se arreglaban haciendo que las injurias a la corona sean un delito privado (sólo perseguible a instancia del ofendido) tal y como el resto de injurias. Así, sólo se iniciarían acciones penales en los casos en que alguna persona de la monarquía se sintiera ofendida y ningún fiscal o juez visionario daría publicidad a caricaturas que, de no haber sido prohibidas, se habrían vendido como todas las semanas.

Nos queda otra cuestión: la de las diferentes varas de medir de la Audiencia Nacional, según se trate de la monarquía o del Gobierno, y según quién esté en el Gobierno.

El pasado 27 de julio conocíamos por El País que la Audiencia Nacional había archivado la denuncia de ADAE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa) contra Francisco José Alcaraz (presidente de la ultraderechista Asociación de Víctimas del Terrorismo) por un delito de injurias al Gobierno tipificado en el artículo 504 del Código Penal. Alcaraz había dicho, entre otras lindezas:

"El Ejecutivo ha preparado estos comunicados de ETA"; "la declaración de tregua de ETA era una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda"; "el diálogo con ETA supone legitimar los cientos de asesinatos y los miles de heridos provocados por la barbarie terrorista"; "el presidente se está rindiendo y está permitiendo y fomentando el chantaje de ETA"; "el proceso de diálogo es un éxito de ETA y un pago al Gobierno al chantaje de ETA"; "Zapatero es el embajador de ETA"; "es indignante que encontremos a Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas"; "la ruptura del diálogo tras el atentado de la T-4 es un paréntesis que tanto ETA como el Gobierno han ideado para retomar el proceso (...). Así podrán pagar el precio político que les exige ETA"; "el presidente hace tiempo que habla, siente y padece como los propios terroristas"; "el presidente tiene asumido el discurso de ETA"; "usted y su Gobierno como interlocutores del mal llamado proceso de paz no ponen a disposición judicial y policial los datos e informaciones que permitan la detención de los terroristas con los que se ha sentado a hablar, como Josu Ternera".

Lo curioso es que la Audiencia Nacional ha dicho en este caso, para poder archivarlo, que se ataca a la persona de José Luis Rodríguez Zapatero, no al Presidente del Gobierno, ni mucho menos al Gobierno entero (que según ellos es lo único que es delictivo).

Pero si seguimos con casos en los que la Audiencia Nacional tiene otra vara de medir, hemos de mencionar el que recoge Eduardo Madina en su blog, con las declaraciones de Federico Jiménez Losantos en la cadena COPE (propiedad de los obispos), donde se ve que uno puede decir lo que quiera porque no es un semanario satírico. Dijo así por la radio, asimilando el golpe de Estado de 1923 con el actual Gobierno del PSOE:

“Este Golpe de Estado cuenta también, como el de entonces, con el respaldo del Rey, al que los socialistas echaron luego la culpa de la implantación de un régimen dictatorial del que ellos mismos se apresuraron a formar parte.”

Parece, pues, que la justicia tiene un roto en la venda de los ojos.