Conocimos ayer la Sentencia del Tribunal Supremo por la que se considera el recurso de casación planteado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a tes policías nacionales a penas de prisión, inhabilitación y multa por delitos de detención ilegal por funcionarios públicos y falsedad en documento público en el llamado "caso Bono". Dicha sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid llevó al por entonces Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez, a presentar su dimisión del cargo en solidaridad con los condenados.
El llamado "caso Bono" surge por la detención de dos afiliados del PP que presuntamente trataron de atentar contra el por entonces ministro de Defensa, José Bono, con el ánimo de causarle lesiones, en una manifestación de la ultraconservadora Asociación de Víctimas del Terrorismo, manifestación a la que el ministro acudió a título personal y quizás con el ánimo de que el Gobierno estuviera mínimamente representado. Dicho sea de paso, el Partido Popular de Madrid había alentado a que sus afiliados acudieran a la manifestación y se gritasen consignas contra el Gobierno por lo que ellos consideraban "complacencia" con ETA, con lo que los ánimos ya iban calientes desde el primer momento.
Los dos afiliados del PP detenidos fueron identificados en fotografías como aquellos que portaban objetos contundentes (palos de banderas) con el ánimo de golpear a Bono. Detenidos por la Policía con todas las bendiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una detención policial con el ánimo de esclarecer los hechos del delito, el PP se querelló contra los policías responsables de la detención por un delito de detenciones ilegales y falsedades documentales en el acta de detención. En paralelo, tanto parlamentariamente como desde sus medios de comunicación el PP inició una campaña de desprestigio a la Policía y persecución de los responsables sin igual en la democracia española.
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria dando la razón al PP en una sentencia carente de motivación e incongruente que merecía mandar a sus redactores de vuelta a la Facultad, puesto que confundían los términos sin más ánimo que el de condenar a los encartados.
Por suerte, en el Tribunal Supremo han admitido el recurso de casación presentado por todas las partes del proceso salvo el querellante (o sea, el PP), un recurso de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados defensores.
Los policías que fueron apartados de sus cargos por la sentencia y que casi ingresan en prisión han declarado su alivio y el fin de un particular calvario por el que han pasado debido a una sentencia injusta.
El ex-Delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, ha expresado su satisfacción por la sentencia, no se siente arrepentido por una dimisión que le ayudó a encarar mejor los hechos, y ha pedido a Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Esperanza Aguirre que por ser quienes le insultaron a él y a los policías ahora absueltos, con expresiones tales como la comparación de la policía bajo el Gobierno del PSOE con la Gestapo, que abandonen, como él hizo, sus puestos de responsabilidad pública.
Desde el PP, nadie ha pedido disculpas. Antes al contrario, Ángel Acebes ha vuelto a pedir a los policías y al PSOE que pidan disculpas (en un extraño concepto de culpabilidad) por unas detenciones "irregulares" y "antidemocráticas".
Mucho me temo que el PP no sólo no tiene sentido de la dimisión y la asunción de responsabilidades. Es que no tienen vergüenza.
