Ha dicho Santiago Carrillo que, si fracasa el proceso de paz, habrá un claro responsable: la dirección del PP. Para el veterano dirigente, la derecha está mostrando menos responsabilidad en el proceso que ETA y que Batasuna, "cualquiera que sea el pasado de éstas". El PP, para Carrillo, quiere que siga habiendo muertes y asesinatos en España. Yo añadiría que no sólo se trata de no llegar a la paz bajo un gobierno del PSOE (porque está claro que las negociaciones con ETA con el PP en el poder sí estaban permitidas) sino que se trata de sustentar el aparato ideológico de la derecha. Y es que la sequedad de ideas de nuestros conservadores es aplastante: lo económico (más allá de la balanza exterior y la inflación) está controlado, lo social (con dos acuerdos con sindicatos) también, los avances legislativos no son muy atacables... así que el argumento de la unidad de España y la desintegración de la misma, una vez pasado el referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pasa por la negociación con ETA. Y, al calor de esto, hemos visto, leído y escuchado grandes salidas de tono.
Ejemplos varios:
Mariano Rajoy, presidente del PP, asegura que negociar con ETA es contrario a la Ley, y sus perros de presa se dedican a querellarse contra todo el que se reúne mínimamente con Batasuna. Lo que no debe saber Rajoy es que una autorización del Congreso, estando como está él en minoría, le va a dejar sin argumentos (si es que esto tenía algo de cuerpo).
Paralelamente, una diputada del PP entrega a Zapatero en el hemiciclo del congreso una rosa blanca manchada con mercromina a modo de sangre. Todo se deriva primero de la escasa originalidad de la derecha, imitando la iniciativa de rosas blancas de algunas mujeres del mundo de la cultura a favor de la paz en Euskadi. Pero además, un miembro del grupo ultraderechista Hazteoir dejó en el escaño de Zapatero una rosa similar con un retrato de Miguel Ángel Blanco (a veces pienso que si este chico viviera se habría dado de baja del PP). Esto supone primero que el PP no tiene empacho en usar a sus primos y hermanos de la extremaderecha, ni empacho en usar sus técnicas, ni vergüenza como para insultar así al Presidente del Gobierno. Mientras tanto, en Francia, el primer ministro Villepin acude un día a la Asamblea para pedir perdón a la oposición por los insultos del día anterior (la comparación no aguanta).
Y, para terminar, un juez de la Audiencia Nacional, para más señas, Grande Marlaska, pierde los papeles (yo más bien diría los apuntes de la Facultad) y se dedica a perseguir a los empresarios que han pagado a ETA y a las personas que han podido mediar entre los extorsionados empresarios y la banda terrorista.
Cualquier estudiante de segundo de Derecho sabe tres cosas al respecto.
La primera es que a alguien que paga un rescate por un secuestro o por evitar un secuestro no se le puede detener. Está cubierto por la eximente de estado de necesidad, entendido éste como la situación por la que se pretende evitar un mal inminente y superior (en nuestro caso, un secuestro o un atentado). Nuestro sistema penal (ver Código Penal, o teorías de Mir Puig o de Gimbernat Ordeig) está pensado para comparar males a la hora de aplicar el estado de necesidad y, claro está, el mal de pagar a una banda terrorista es patrimonial y menor que el que se evita (un secuestro o un atentado) que es un mal personal.
La segunda parte es que tampoco se puede detener a quien trata de mediar en el pago o, dada una situación de cese de actividad terrorista, avise a la banda cuando aún circulen cartas de extorsión. Esto es tan simple como pensar que nadie detiene al que media en un ataque a un banco por acercar algo de comida a los secuestradores encerrados con los rehenes. O tan simple como pensar que nadie detiene al que dialoga con alguien que va a matar a otro con el fin de que no lo haga y le entregue la pistola. Por ser más simples, quien cuida de que no se siga produciendo extorsión, no está colaborando para el delito sino para el desistimiento del mismo. Sin contar con que un delito desistido que no ha pasado de la fase preparatoria no es perseguible.
En tercer y último lugar, como sabemos, el bien jurídico protegido en los delitos de terrorismo es el orden constitucional (eso que los de la derecha llaman "orden público"). Para colaborar con banda armada, como se pretende de quien media con ETA ante una extorsión, se precisaría por tanto "colaborar para atentar contra el orden constitucional". El tipo exige ser cometido con dolo (es decir, conocer y querer el delito), no habiendo sitio para un delito cometido por imprudencia (algo así como con la agresión sexual, que no se puede cometer, como es lógico, por imprudencia). ¿Alguien encuentra el dolo en la acción de una persona que trata de canalizar un estado de necesidad? Yo no lo veo.
Y esto que es tan simple para un estudiante de Derecho, parece que no le queda claro al juez Grande Marlaska, jaleado por los paladines de la derecha, a la espera de que el proceso descarrile para poder hablar de treguas-trampa, del 11-M, de la salvación de la patria y sandeces similares.
Mientras tanto, sólo nos queda un llamamiento a la prudencia. A la prudencia y a la confianza en la acción del Ejecutivo (y digo Ejecutivo, no digo Estado, ni poderes públicos), porque parece que el Ejecutivo es el único poder consciente de la oportunidad que se presenta, del avance en el interés general que tiene entre manos.
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