El juez José Sierra, titular del juzgado número 47 de Madrid, ha admitido que el partido ultraderechista Alternativa Española (AES) pueda personarse como acusación particular en el caso de los presuntos (y tanto) abortos ilegales de la clínica Isadora.
Y ustedes pensarán: ¿acusación particular? Naturalmente, porque como son los únicos que acusan, si les admiten como acusación popular, se archiva el caso. Así que mejor saltarnos la Ley y les ponemos de acusación particular, que así tenemos juicio y páginas en la prensa. Así que un partido político es el perjudicado en un delito de abortos ilegales (ay, madre: léanse el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y hasta aquí la primera barbaridad de ésas de "somos capaces de torcer la Ley hasta el punto en el que nos interesa".
Como bárbara consecuencia, el juez permite que el partido ultra conozca la identidad de las mujeres que abortaron, saltándose la confidencialidad médico-paciente, sin contar con que las mujeres no pueden en ningún caso ser imputadas. Habría que hacerse dos preguntas: ¿habría hecho lo mismo el juez con el secreto profesional de un periodista o con el secreto confesional de un sacerdote? ¿Dormirán tranquilas estas mujeres sabiendo que un partido de extrema derecha conoce su nombre y quizás sus domicilios? Y hasta aquí la segunda barbaridad.
Pero es que el caso viene aún de más lejos. Todo empezó cuando un comandante y dos sargentos de la Guardia Civil, pertenecientes al Seprona, hicieron una inspección a la clínica Isadora. Yo creo que ya entraron buscando lo que fuera con tal de tener algo. Aquello fue el 16 de febrero de 2007. Allí encontraron varios contenedores con restos quirúrgicos que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Esto debió resultarles una buena presa. Fueron al juez de guardia de Madrid porque querían una orden para abrirlos. El juez no les dejó y archivo el caso, ordenando a los agentes a que se dejasen de pamplinas y de seguir "elucubrando sobre abortos ilegales". Los guardias civiles pensaron eso de "si el juez no nos deja, nos inventamos una infracción administrativa por mala gestión de residuos y vamos a la Comunidad de Madrid , que son amiguitos y nos dejan". Así que con un técnico de la Comunidad, arramplaron con los contenedores (pasándose por ahí mismo la orden negativa del juez) a un tanatorio de Alcobendas (en el de Madrid hubiera sido cantoso, por lo que se ve) y los abrieron. Y la orden judicial: para qué. Hasta donde llegan mis conocimientos, la basura (o residuos quirúrgicos) es también parte de la esfera de privacidad del individuo y, por tanto, forma parte del domicilio. No constituye ni res nullius ni res derelicta: se deja para su destrucción y no para otra cosa. Llamaron por teléfono a la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta se inhibió en favor de los juzgados de Madrid.
En los contenedores se habían encontrado restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al nuevo juez de Madrid que eran muy grandes (un criterio científico sólido) y pidieron que se abriera una investigación. El juez les hizo caso, sin pararse a pensar en la teoría de los frutos del árbol prohibido, en las pruebas obtenidas sin orden judicial o, en concreto, contra una orden judicial directa (la del primer juez de guardia que les dijo que se dejasen de tonterías). Tampoco ha valido de nada que la Agencia de Protección de Datos (la estatal, claro) pusiera el grito en el cielo. Tercera barbaridad.
Y entonces ha venido la instrucción (por llamarlo de alguna manera, vistas las dos barbaridades primeras). Y ahí la Guardia Civil fue a los domicilios de las mujeres a dar las citaciones en mano (qué raro, ¿no?), a tomar declaración, interrogar y todo. Otra vez debieron ir con ganas previas de encontrar algo (una actitud la mar de imparcial). Y hasta fueron a las tantas de la noche: un claro ejemplo de administración respetuosa y de menor intervención posible. Y no repararon en que las mujeres podían estar con su familia, los niños (¿se imagina alguien que entre en tu casa un señor vestido de Guardia Civil...? Vaya recuerdo de la infancia). Y van cuatro barbaridades.
Y en esas estamos. Sin más comentarios.
También podéis leer aquí.
Y ustedes pensarán: ¿acusación particular? Naturalmente, porque como son los únicos que acusan, si les admiten como acusación popular, se archiva el caso. Así que mejor saltarnos la Ley y les ponemos de acusación particular, que así tenemos juicio y páginas en la prensa. Así que un partido político es el perjudicado en un delito de abortos ilegales (ay, madre: léanse el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Y hasta aquí la primera barbaridad de ésas de "somos capaces de torcer la Ley hasta el punto en el que nos interesa".
Como bárbara consecuencia, el juez permite que el partido ultra conozca la identidad de las mujeres que abortaron, saltándose la confidencialidad médico-paciente, sin contar con que las mujeres no pueden en ningún caso ser imputadas. Habría que hacerse dos preguntas: ¿habría hecho lo mismo el juez con el secreto profesional de un periodista o con el secreto confesional de un sacerdote? ¿Dormirán tranquilas estas mujeres sabiendo que un partido de extrema derecha conoce su nombre y quizás sus domicilios? Y hasta aquí la segunda barbaridad.
Pero es que el caso viene aún de más lejos. Todo empezó cuando un comandante y dos sargentos de la Guardia Civil, pertenecientes al Seprona, hicieron una inspección a la clínica Isadora. Yo creo que ya entraron buscando lo que fuera con tal de tener algo. Aquello fue el 16 de febrero de 2007. Allí encontraron varios contenedores con restos quirúrgicos que iban a ser recogidos por la empresa de gestión de residuos. Esto debió resultarles una buena presa. Fueron al juez de guardia de Madrid porque querían una orden para abrirlos. El juez no les dejó y archivo el caso, ordenando a los agentes a que se dejasen de pamplinas y de seguir "elucubrando sobre abortos ilegales". Los guardias civiles pensaron eso de "si el juez no nos deja, nos inventamos una infracción administrativa por mala gestión de residuos y vamos a la Comunidad de Madrid , que son amiguitos y nos dejan". Así que con un técnico de la Comunidad, arramplaron con los contenedores (pasándose por ahí mismo la orden negativa del juez) a un tanatorio de Alcobendas (en el de Madrid hubiera sido cantoso, por lo que se ve) y los abrieron. Y la orden judicial: para qué. Hasta donde llegan mis conocimientos, la basura (o residuos quirúrgicos) es también parte de la esfera de privacidad del individuo y, por tanto, forma parte del domicilio. No constituye ni res nullius ni res derelicta: se deja para su destrucción y no para otra cosa. Llamaron por teléfono a la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta se inhibió en favor de los juzgados de Madrid.
En los contenedores se habían encontrado restos de fetos. Los agentes del Seprona dijeron al nuevo juez de Madrid que eran muy grandes (un criterio científico sólido) y pidieron que se abriera una investigación. El juez les hizo caso, sin pararse a pensar en la teoría de los frutos del árbol prohibido, en las pruebas obtenidas sin orden judicial o, en concreto, contra una orden judicial directa (la del primer juez de guardia que les dijo que se dejasen de tonterías). Tampoco ha valido de nada que la Agencia de Protección de Datos (la estatal, claro) pusiera el grito en el cielo. Tercera barbaridad.
Y entonces ha venido la instrucción (por llamarlo de alguna manera, vistas las dos barbaridades primeras). Y ahí la Guardia Civil fue a los domicilios de las mujeres a dar las citaciones en mano (qué raro, ¿no?), a tomar declaración, interrogar y todo. Otra vez debieron ir con ganas previas de encontrar algo (una actitud la mar de imparcial). Y hasta fueron a las tantas de la noche: un claro ejemplo de administración respetuosa y de menor intervención posible. Y no repararon en que las mujeres podían estar con su familia, los niños (¿se imagina alguien que entre en tu casa un señor vestido de Guardia Civil...? Vaya recuerdo de la infancia). Y van cuatro barbaridades.
Y en esas estamos. Sin más comentarios.
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1 comentario:
Sabes que yo de derecho entiendo lo justo (como mi vecino, el frutero y el taxista..) pero no puede hacer el Gobierno nada para impedir estas cosas???
Es que a mi me lo preguntan, y la verdad... no sé muy bien qué contestar.
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