Madrid o cómo desmantelar lo público.

"Comprenderás entonces que yo velo por la salvación de lo público mucho más activamente que tú por su ruina."
Cicerón, Catilinarias, I, IV.

¿Es constitucional la gestión privada de determinados servicios públicos? ¿Es constitucional si dichos servicios públicos de gestión privada compiten con servicios iguales de titularidad privada? ¿Hasta qué punto no queda comprometido el interés general? ¿No estará éste acaso en peligro si los servicios públicos se guían por criterios de cuenta de resultados antes que de prestación de servicios de garantía de derechos constitucionales? ¿Y si para que no se vean comprometidos dichos derechos se usan fórmulas de gestión más perniciosas para el interés general?

La lista de preguntas sobre la materia puede extenderse tanto como se extienden últimamente las medidas del gobierno regional de la Comunidad de Madrid tendentes a adelgazar lo público hasta límites difícilmente reconocibles.

Ancianos empapados en su propia orina o escuelas construidas con dinero público que serán gestionadas por empresas privadas son sólo la punta de un iceberg.

Y a estas preguntas puedo añadir otras: ¿hasta qué punto puede un gobierno regional ser elemento catalizador de toda clase de insidias hacia el gobierno de España a través de medios de comunicación de titularidad pública? ¿hasta qué punto puede hacer uso de los servicios públicos para atacar al gobierno de España? ¿hasta qué punto puede gestionar los fondos públicos que le son transferidos del modo más pernicioso para el gobierno de España, olvidando su gasto en función del interés general? ¿hasta qué punto puede sugerir el incumplimiento de una Ley aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados alegando no se sabe bien qué motivos ideológicos en lugar de acudir a la jurisdicción constitucional o alegando una sentencia no firme de dudosa motivación legal?

La supresión íntegra de tributos cedidos para su mera gestión, la finalización por las autoridades europeas de sociedades de imputación de gasto que detraían cantidades para que no computasen como gasto público (léase Mintra) a fin de mantener el equilibrio presupuestario, la dedicación a otros temas de transferencias del gobierno de España hechas específicamente para sanidad son ejemplos financieros de actividades que no entrarán jamás en manuales de "buena administración".

El incumplimiento de resoluciones judiciales que obligan a reponer en sus puestos a médicos que han sido acusados injustamente de asesinato representan un ejemplo de que no es una mera cuestión de despecho hacia instituciones ejecutivas y que no se trata ni mucho menos de una diferencia ideológica con el partido adversario, sino de una concepción ideológica que subvierte el liberalismo hacia el neoliberalismo, permitiendo supuestamente todo comportamiento humano e institucional en busca del fin deseado sin entrar a valorar la subversión del orden constitucional y de la división de poderes.

La manipulación de vídeos de la propia cadena de televisión con tal de poner en duda la gestión del gobierno de España sobre materias que no son competencia de las Comunidades Autónomas, las dudas vertidas sobre datos elaborados por el gobierno de España en ejercicio de sus legítimas competencias o el empleo de datos propios paralelos que contradigan los que publique el gobierno de España en uso de su competencias, han supuesto una intromisión sin precedentes de un gobierno regional en asuntos estatales, más allá de lo que suponen en términos de deslealtad institucional y en términos éticos de veracidad informativa. Estos hechos, por lo que suponen de injerencia activa, deben sumarse a las injerencias pasivas que suponen la falta de gestión regional del Sistema Nacional de Dependencia (añádase la descalificación del mismo por el gobierno regional y sus medios de comunicación) o la falta de gestión de las ayudas estatales al alquiler destinadas a jóvenes.

Artículos como el 27, el 31.2, el 43 o el 50 de la Constitución han sido quebrantados de modo sistemático y, me temo, quirúrgico. Parece como si no estuvieran en el texto constitucional. Su mera alusión, como queja ante un poder público, la Comunidad de Madrid, que actúa al margen del orden, supone ser tratado por una corte (o quizás cohorte) de medios de comunicación de "mal español", resucitando un léxico más propio de camisa azul o de foto de pedorreta.

La situación, dentro de la gravedad, roza la excepcionalidad. La paciencia del gobierno de España se encauza en términos judiciales cuando, en verdad, dichos términos importan poco a quien, como hace el gobierno regional, realiza políticas de dudoso retorno mientras dilata los procesos judiciales o, directamente, busca atajos de dudosa legalidad para saltarse las sentencias tras el día de su dictado.

Y la paciencia, como dijo Cicerón, tiene un límite de abuso.