¿Objeción de conciencia o ley del embudo?

Observamos con estupor cómo nuestra sempiterna derecha se llena ahora la boca, 29 años de Constitución transcurridos, con las palabras "objeción de conciencia".

Lejos quedan pues los tiempos en que la derecha y sus militarotes se llenaban la boca, esa vez en sentido inverso, de acusaciones de cobardía contra quienes hacían prevalecer su derecho constitucional a la objeción de conciencia (art. 30.2 C.E.) para no realizar el servicio militar. Lejos quedan los tiempos en que el comandante de la plaza de Melilla arengaba a la tropa diciendo que eran "verdaderos hidalgos" frente a los descastados que no querían "servir bajo las banderas de España".

Ya sabemos que a esta gente se les da bien hablar de la Constitución como si de la ley del embudo se tratara: ancho para mí y estrecho para los demás.

La objeción de conciencia se regula en nuestra Constitución sólo y exclusivamente para el caso del servicio militar: ningún otro aspecto está contemplado, puesto que el principio de legalidad exige que los ciudadanos estén sometidos a las leyes en todo caso (art. 9 C.E.) sin que quepa que las cumplan o no a su capricho.

Desde que gobierna el PSOE, dos han sido los casos en que esta gente de la derecha ha esgrimido la objeción de conciencia como si ésta consistiera en una exclusión libre y voluntaria del cumplimiento de las leyes. La primera vez fue con el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahí tuvimos a nuestra clase judicial más conservadora pretendiendo objetar del cumplimiento de la Ley, restringiendo el libre ejercicio de las libertades públicas y, lo que es más grave, no sólo desde la posición de simple ciudadano, sino desde la posición de poder público. Tuvieron suerte de dar con un Gobierno y una Fiscalía que saben contar hasta 10, porque el asunto podía haber terminado en los tribunales penales con más de uno en la cárcel por impedir el libre ejercicio de libertades públicas.

Pero ahora asoman los ecos de una nueva objeción de conciencia: la relacionada con la asignatura de Educación para la ciudadanía. En este caso, son remarcables y reprochables diferentes aspectos.

El primero enraiza en el origen de la rabieta: el PP y sus satélites extremistas no están de acuerdo con una legislación educativa de corte laico y necesitan buscar una confrontación más que una alternativa, ya que no encuentran el respaldo estudiantil que sí tuvo la izquierda al oponerse a las leyes educativas del PP.

El segundo aspecto radica en la falsedad de que la Constitución garantiza la objeción de conciencia, cosa que la derecha sostiene en casos como éste o como el del aborto. La Constitución sólo admite la objeción, como se ha dicho, en relación con los deberes de la defensa nacional.

En tercer lugar, es remarcable el juego que hacen con la voluntad de los menores afectados por la actitud de sus padres. Los titulares del derecho a la objeción de conciencia son los menores, sin que quepa que sus padres tutelen dicho derecho, de carácter personalísimo. Que se reconozca a los padres elegir el ideario del centro al que acudan sus hijos no es lo mismo que darles la licencia de elegir qué programa curricular deben tener, porque sería tanto como admitir que podrían elegir que sus hijos no dieran matemáticas o literatura. Y es en este aspecto donde la Administración educativa debe permanecer también impasible.

En cuarto lugar, es curioso ver cómo ponen la venda antes de la herida. Según aducen, la asignatura en cuestión es un adoctrinamiento del Gobierno con las ideas rojas y laicas que le rodean. En realidad, la asignatura fomenta los valores ciudadanos y constitucionales, si bien a estos valores nuestra derecha también les tiene miedo, un miedo arraigado en los siglos y derivado de anteponer a Dios antes que a la razón. Habría que ver cuál sería su discurso si la asignatura en cuestión se desarrollase bajo un gobierno del PP.

Y, para concluir, se rasgan las vestiduras cuando uno de los delegados educativos provinciales de Castilla-La Mancha (no recuerdo la provincia) da instrucciones en el sentido de la legalidad, esto es: quien no curse la asignatura, no pasará cursos y no obtendrá títulos.

Creo que la situación de confrontación buscada por la derecha exige una respuesta proporcionada pero firme, de respaldo a la asignatura y a la implantación de los valores constitucionales en las aulas de nuestro país, así como de represtigio de la objeción de conciencia que permitió, durante años, dar salida a los valores pacifistas de buena parte de la población con la opinión de desprecio de quienes ahora se aplican para sí y fuera de la Ley ese mismo derecho.